El ICE tiene en estudio un proyecto de generación eléctrica, conocido como El Diquís, en Buenos Aires de la provincia de Puntarenas. Se trata de una planta generadora catalogada como la más grande de Centroamérica, un proyecto que el país necesita para evitar apagones en las próximas décadas. Hasta aquí todo va muy bien, el proyecto ha merecido la acogida del fuerte de los ciudadanos, pero se debe reconocer que está lleno de situaciones complejas.
Para empezar, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba presentó un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar la obra, alegando que los territorios indígenas son inalienables, según la ley. Cabe agregar que el ICE necesita 7.363 hectáreas para inundar, pero de ellas sólo el 10 por ciento son territorio indígena que obliga a la reubicación de unas 1.100 personas.
Es necesario acotar, para recordar que El Diquís sustituye al Proyecto Boruca en la misma zona, que debía inundar 12.500 hectáreas y desplazar a 2.500 vecinos. Aquel proyecto fue necesario archivarlo, por la oposición del sector indígena, que dicho sea de paso, fue “manoseado” por fuerzas ajenas a esas entidades étnicas, según quedó demostrado.
Visto lo anterior, evocamos postulados y principios socialdemócratas y llegamos a conclusiones verdaderamente difíciles. Empecemos porque el beneficio de las mayorías no debe ir en detrimento del derecho elemental y el bienestar de las minorías. Pero si agregamos que se debe procurar el mayor bienestar posible para el mayor número posible, nos encontramos con una especie de contradicción que convierte el principio en una suerte de utopía. Si nos atenemos a este último postulado, tendríamos que darles a las mayorías el mayor bienestar posible y evitar que sufran apagones en las próximas décadas.
Pero no sólo una ley nacional declara inalienable el territorio indígena, también la OIT en sus capítulos sobre tierras protege a las minorías étnicas, pero no obstante, también da soluciones y dice que si se tratara de algo excepcional, habría que consultar a las comunidades, darles la indemnización de rigor y asegurar su reubicación.
El gobierno ha nombrado una Comisión Interinstitucional presidida por el Vicepresidente Piva, que está llevando a cabo talleres y reuniones con las comunidades afectadas. Incluso, en uno de esos talleres participó el Relator Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ente de la ONU. Así se busca la comprensión de aquellos habitantes para poder llevar a cabo la espectacular obra de bien nacional.
Es de esperar que no haya manos extrañas en la exigencias de los indígenas, como las hubo anteriormente, pues una demanda de última hora nos hace pensar que ya no se trata sólo de la defensa de sus territorios, de sus costumbres y del acervo cultural, sino que se pretende sacar la mejor tajada del asunto: están pidiendo el 10% de participación.
El ICE arrendó un terreno colindante con la zona de inundación a un hombre no indígena. Dicen los voceros del ente, que allí plantarán un campamento para realizar los estudios que faltan. Basan su derecho para realizar los estudios, en que la anterior asociación les dio permiso para los trabajos y en la existencia de un decreto del 2008, que declara ese proyecto de conveniencia nacional.
Esperamos que aquí gane el raciocinio, para que las partes cedan y se pueda garantizar un seguro bienestar para los que deban ser reubicados y que la zona se convierta en un emporio de riqueza, no sólo por la producción de energía eléctrica, sino también por el turismo. No olvidemos que la Laguna del Arenal, aparte de su impulso a la generación de energía, ha contribuido también trocando la región en una zona de gran atractivo turístico para nacionales y extranjeros, lo que ha traído bienestar y riqueza en general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario