Gerardo Fumero Paniagua (*)
La República (4/3/2011) informó que la “Mala cobertura es la principal razón que lleva a usuarios a considerar cambiarse de empresa. Un 67% analizaría cambio de proveedor celular. Un 54% opina que la apertura mejora precio y cobertura”, según Encuesta del Centro Internacional de Política Económica de la UNA.
Independientemente de los sentimientos que la Institución despierte, o de la valoración de su desempeño, los datos deben preocupar al país. Es un hecho que el ICE será sometido a una competencia desigual, no por ineficiente o incompetente, sino porque objetivamente no podrá desempeñarse en condiciones similares a las de sus competidores.
Para empezar, mientras una empresa estatal debe regirse por el marco legal que ampara a la Administración Pública y someterse a las reglas de la contratación del Estado, lidiar con objeciones y apelaciones a los carteles y refrendos a los contratos, la empresa privada a nadie pide permiso, ni entrega cuentas para comprar.
En segundo lugar, el precio de las terminales será un elemento competitivo importante. Telmex, a fines del 2011, tendrá 300 millones de celulares en operación y espera agregar 150 millones en los próximos 4 años. Comprará 150 millones de teléfonos; el ICE unos 3 millones en el mismo periodo. La magnitud del negocio es de 300 a 3 y las economías de escala gigantescas.
En tercer lugar, Telefónica, al igual que Telmex, opera una red continental, ambas podrían servir Centroamérica desde un solo centro de operaciones. Su poder económico, financiero y de mercadear productos y servicios en nada se asemeja al del ICE. Si Telmex es el gigante móvil de América, Telefónica es la tercera empresa móvil más grande del mundo, después de China Mobile y Vodafone.
En cuarto lugar, la capacidad de los privados para contratar personal es ilimitada. Bien podrían esas dos empresas llevarse a los 50 mejores ingenieros del ICE, nada los detiene. Al ICE le impedirían mantenerlos las políticas públicas en materia salarial. Eso le provocaría un grave trastorno en su desempeño, en el momento más vulnerable de su historia, además de la sensible pérdida en recursos humanos y económicos invertidos en capacitación de dicho personal.
En quinto lugar, la experiencia también revela que por su carácter transnacional y gran poderío económico, normalmente obtienen esas empresas cosas que otras de menor tamaño no pueden, por ejemplo, la captura del Regulador. Las tarifas de interconexión fijadas por la SUTEL en Resolución No. RCS-496-2010 del 12/11/2010, consentida por el ICE y forzada esa Resolución por la Casa Presidencial, son una muestra, no de lo que podría suceder, sino de lo que ya pasó.
El cambio en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, por parte del Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 35866-MINAET del 23/04/2010, pone también en tela de duda las actuaciones del ente Rector, pues esa constituyó una decisión política (no técnica), que podría eventualmente favorecer a una transnacional interesada en televisión satelital terrestre, pues al clasificar ese Decreto las frecuencias del espectro necesario para esos servicios como bandas sujetas a Autorización y no a Concurso Público, las puede asignar directamente, sin necesidad de someterlas a un proceso licitatorio.
*Ingeniero
